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Consejo de Estado limita el uso de alocuciones presidenciales en Colombia

10/10/2025

El Consejo de Estado ordenó poner freno al uso frecuente de las alocuciones presidenciales, al considerar que el Gobierno ha recurrido de manera excesiva a estos espacios que interrumpen la programación de radio y televisión en todo el país.

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Juan David Velásquez Niño
Redacción Vanguardia Digital.

El Consejo de Estado emitió un fallo que limita el uso de las alocuciones presidenciales en Colombia, con el fin de proteger el derecho ciudadano a la información y garantizar el pluralismo mediático. La decisión surge tras varias tutelas que denunciaban un uso desproporcionado de estos mensajes por parte del presidente Gustavo Petro.

Según la sentencia, las alocuciones deberán limitarse exclusivamente a situaciones de urgencia o interés nacional claramente justificadas, y no podrán emplearse para difundir mensajes de gestión o posturas políticas del Gobierno. Además, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) deberá autorizar previamente cada intervención, verificando su pertinencia y proporcionalidad. Cada mensaje deberá tener un tema, duración y hora definidos, y la CRC publicará un informe después de cada transmisión.

El alto tribunal aclaró que esta medida no constituye censura, sino un mecanismo de control que busca evitar que el Ejecutivo monopolice los canales de comunicación pública. Sin embargo, la decisión generó reacciones divididas: mientras el presidente Petro la calificó como una forma de “censura judicial”, organizaciones defensoras de la libertad de prensa y analistas políticos la celebraron como un avance en favor de la democracia y el equilibrio informativo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirmó que “las alocuciones deben ser la excepción, no la regla”.

El Gobierno deberá acatar la decisión y la CRC tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para expedir la nueva regulación que defina los criterios de autorización para las futuras intervenciones presidenciales. Con este fallo, el Consejo de Estado marca un precedente sobre los límites de la comunicación oficial en Colombia y refuerza la independencia entre el Gobierno y los medios.

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