Bloqueos y desestabilización en Bolivia: ofensiva radical contra el Gobierno constitucional.
- José Velásquez
- hace 12 minutos
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Bolivia enfrenta un escenario crítico que pone a prueba la solidez de sus instituciones democráticas. Tras tres semanas de bloqueos viales masivos y un alarmante incremento de la violencia callejera, el país sufre las consecuencias de una ofensiva radical contra el Gobierno constitucional .del presidente Rodrigo Paz.
Lo que sectores radicales intentan justificar como protestas sociales se ha convertido en un asedio sistemático y una ofensiva radical contra el Gobierno constitucional, contra el libre tránsito, la economía nacional y la gobernabilidad.
Las movilizaciones, lejos de buscar vías pacíficas de diálogo, han optado por estrangular la conectividad del país con consecuencias directas sobre la ciudadanía, el costo del asfixia económico y el vandalismo se ven reflejados en:
Grupos organizados están realizando cercos a la infraestructura con cerca de 47 puntos de bloqueo activos que fracturan la red de carreteras en seis departamentos, paralizando el motor productivo nacional.
Los disturbios han escalado a episodios de vandalismo y saqueos en la capital política, La Paz, afectando comercios privados y sedes del registro de bienes públicos.
El boicot al transporte vial genera escasez artificial de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales, golpeando los bolsillos de las familias bolivianas, carenado una crisis de desabastecimiento.
Detrás de las protestas: El intento de impunidad del ala dura del MAS
Aunque se esgrimen reclamos sectoriales variados, analistas políticos y autoridades advierten que las marchas están fuertemente instrumentalizadas por facciones leales al expresidente Evo Morales.
El boicot a la transición institucional del presidente Rodrigo Paz al asumir el cargo tras ganar democráticamente en las urnas, poniendo fin a dos décadas de hegemonía socialista del MAS. La reforma del Estado y el viraje hacia la disciplina fiscal enfrentan una resistencia corporativa de sindicatos que buscan mantener privilegios históricos.
El avance de las columnas campesinas hacia La Paz coincide con el cerco judicial sobre Evo Morales, investigado por presuntos delitos graves de trata de personas. Para diversos observadores, las movilizaciones operan como un mecanismo de presión política para forzar la impunidad de sus líderes y la renuncia anticipada del mandatario actual.
Frente al caos provocado en las calles, el Ejecutivo boliviano mantiene una postura de defensa irrestricta de la legalidad constitucional y una firme respuesta estatal frente al delito de sedición.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, denunció que la violencia organizada configura delitos de sedición y terrorismo que pretenden derrocar a un mandatario legítimo.
La Policía Boliviana realiza esfuerzos conjuntos para liberar las rutas nacionales mediante el uso controlado de la fuerza legítima, asegurando corredores humanitarios para abastecer a la población.
El intento de quebrar el orden institucional en Bolivia no ha encontrado eco positivo en el plano internacional, donde se ha priorizado la estabilidad regional:
Un bloque de ocho países democráticos de América Latina, incluyendo a Argentina, Chile, Ecuador y Perú, emitió un enérgico comunicado en defensa del Gobierno de Paz, rechazando cualquier intento de alterar la paz constitucional.
La diplomacia de los Estados Unidos cerró filas con el orden constitucional en Bolivia al calificar explícitamente estas movilizaciones radicales y pedidos de renuncia forzada como un intento de golpe de Estado.
El desafío para la administración de Rodrigo Paz radica en resistir el chantaje de los bloqueos sin ceder ante la presión de grupos que anteponen agendas particulares e intereses políticos al bienestar de toda la nación.
