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El Congreso de la República aprueba ley que eleva a 50 años de prisión la pena por reclutamiento de menores

  • Foto del escritor: José Velásquez
    José Velásquez
  • hace 20 horas
  • 2 min de lectura

El Congreso de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el fin de fortalecer la protección constitucional de los derechos de la infancia y la adolescencia en el territorio nacional.


Bandera de Colombia ondeando sobre un edificio neoclásico de piedra clara, con columnas y cielo nublado al fondo.


La nueva disposición legal incrementa de manera sustancial las sanciones penales contra los responsables del delito de reclutamiento ilícito de menores de 18 años, fijando penas que oscilan entre los 40 y los 50 años de privación de la libertad.


La iniciativa legislativa actualiza el marco jurídico preexistente, el cual contemplaba una dosimetría penal de 13 a 23 años de prisión. El articulado aprobado extiende su ámbito de aplicación de forma integral, penalizando de manera rigurosa la inducción, utilización o constreñimiento de niños, niñas y adolescentes para actividades vinculadas a grupos armados organizados y estructuras delictivas de carácter urbano o rural.


Adicionalmente, la ley introduce un componente técnico de regulación para entornos virtuales, ordenando la ejecución de auditorías y controles estrictos sobre las plataformas digitales y redes sociales que sirvan como canales de captación. Con el objetivo de mitigar este factor de riesgo, el texto legal vincula formalmente a la Defensoría del Pueblo y al sistema de medios públicos RTVC para el diseño, desarrollo y difusión de una política pública de prevención temprana con enfoque territorial.


Con la aprobación de este proyecto de ley, el Poder Legislativo dota al Estado colombiano de herramientas judiciales y pedagógicas avanzadas para combatir las dinámicas criminales que afectan el relevo generacional y la seguridad de la población civil en las regiones de mayor vulnerabilidad. El documento pasa ahora a los trámites administrativos de conciliación y posterior sanción presidencial para su entrada en vigencia.

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