El Consejo de Estado volverá a conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1446 de 2026, una medida que modifica sustancialmente el reglamento de reparto de las acciones de tutela en el país. Con esta firma, el Ministro de Justicia, Iván Cancino, determinó que cualquier acción de tutela interpuesta por un ciudadano en contra del presidente de la República deberá ser tramitada y resuelta, en su primera etapa, por el Consejo de Estado.
Esta decisión reconfigura el panorama judicial colombiano, revirtiendo la directriz del año anterior que había enviado estos casos a los despachos de los jueces de circuito.
El propósito central del Decreto 1446 es unificar los criterios de control constitucional sobre las actuaciones de la máxima autoridad ejecutiva del país. Bajo la nueva normativa, el Consejo de Estado asumirá de forma preferente las tutelas dirigidas contra las omisiones o actos del jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones presidenciales.
La argumentación jurídica detrás del decreto sostiene que, dada la naturaleza del cargo presidencial, su juez natural para resolver controversias constitucionales de primer nivel debe poseer la misma jerarquía e investidura que un magistrado del máximo tribunal administrativo.
Las excepciones a la regla: el caso de los cultivos ilícitos
Aunque la medida es de aplicación general, el decreto establece una salvedad clave. Las acciones de tutela que se radiquen en contra de las políticas, programas o estrategias gubernamentales orientadas a la erradicación de cultivos ilícitos quedarán excluidas de este fuero de alta corte.
Debido a su naturaleza e impacto social, ambiental y territorial directo en las regiones, estas tutelas específicas seguirán bajo la competencia y el reparto ordinario de los jueces de circuito, garantizando el acceso inmediato a la justicia local en las zonas afectadas.
Asimismo, las tutelas presentadas individualmente contra ministerios, departamentos administrativos o agencias del orden nacional mantendrán sus reglas de reparto habituales sin verse afectadas por esta modificación.
El fin del "efecto péndulo" en el reparto judicial
El reparto de las tutelas contra la Presidencia ha sido objeto de constantes tensiones y cambios de rumbo en la última década:
De los tribunales a los jueces locales: Tras un histórico de reparto concentrado en altas cortes y tribunales superiores, el Decreto 0799 de 2025 descentralizó estos procesos enviándolos a los jueces de circuito, buscando argumentar una mayor imparcialidad y cercanía ciudadana.
El retorno al esquema unificado: Con la entrada en vigor del Decreto 1446 de 2026, el Gobierno actual retoma un modelo similar al implementado en 2021, devolviendo la exclusividad al Consejo de Estado.
Cabe precisar que esta reforma rige exclusivamente para las acciones de tutela que se presenten a partir de la expedición del decreto, por lo que los procesos que ya se encuentran en curso ante jueces de circuito continuarán su trámite normal hasta su respectiva conclusión.
