El proyecto de Ley de Sometimiento supera su primer debate en el Congreso y avanza a plenarias
El proyecto de Ley de Sometimiento (Proyecto de Ley 433 de 2026), radicado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, superó con éxito su primer examen en el Congreso de la República al ser aprobado en primer debate por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes.
La iniciativa legislativa (que cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno nacional) fue respaldada por las mayorías oficialistas tras una maratónica jornada de discusión de más de diez horas, en la cual se desestimaron las ponencias de archivo presentadas por los sectores de oposición. Con esta decisión, el articulado se prepara para sus próximos dos debates reglamentarios en las plenarias de ambas corporaciones.
La aprobación del proyecto estuvo enmarcada en una alta tensión en el Capitolio Nacional debido a que, en pleno debate, se anunció formalmente la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien fue reemplazado por el exprocurador Alejandro Ordóñez. Pese al remezón ministerial y al posterior retiro de la oposición del recinto parlamentario, el ministro de Justicia, Iván Cancino, logró consolidar las mayorías para dar luz verde a los 27 artículos de la propuesta.
El núcleo de la Ley de Sometimiento radica en sustituir los modelos previos de negociación por una ruta estrictamente jurídica. "Este gobierno dará las herramientas para un sometimiento, no para negociaciones de paz. Toda discusión para quien se quiera acoger será de índole jurídica y ante la justicia ordinaria", recalcó el ministro Cancino. El proyecto está diseñado como una ventana de salida regulada para cerca de 29.000 miembros de organizaciones armadas y bandas delincuenciales.
Entre los puntos más importantes del texto aprobado se destacan:
Reducción de penas condicionada: Se contemplan rebajas de penas de hasta un 50 % para los integrantes de base y de un máximo del 30 % para líderes o cabecillas de las estructuras ilegales. No obstante, los mandos altos tendrán una pena privativa de la libertad mínima intramural de 10 años, sin posibilidad de beneficios automáticos.
Compromiso obligatorio con la verdad y reparación: Para acceder a los beneficios, los postulados deberán realizar una entrega efectiva de armas, desmantelar rutas de narcotráfico, colaborar en la erradicación de cultivos, desminado humanitario y suministrar información sobre menores reclutados y personas desaparecidas.
Vigencia reducida: Aunque el proyecto original del Ejecutivo contemplaba un marco de acción de 10 años, tras una concertación en las comisiones se aprobó una modificación para reducir la vigencia de la ley a 4 años.
Sin concesiones políticas: El articulado deja en firme que el sometimiento no otorga estatus político ni suspende las órdenes de captura vigentes o los procesos de extradición actuales. Tampoco aplicará para personas que ya se encuentren privadas de la libertad.
El avance del proyecto ya provoca fuertes debates en la opinión pública. Sectores de oposición, entre ellos el expresidente Gustavo Petro, cuestionaron fuertemente la medida aduciendo que podría abrir una "puerta a la impunidad" para testaferros y financiadores del narcotráfico. Por su parte, los ponentes de la iniciativa defienden que la ley es un complemento fundamental para la ofensiva militar y el próximo Estatuto Antiterrorista del Gobierno.
Debido a que las herramientas de la actual Ley de Orden Público expiran pronto, el Congreso de la República sesionará a paso acelerado en las plenarias, ya que el Gobierno busca la sanción definitiva de la ley antes del 4 de noviembre.
