"¿Emergencia económica o emergencia de robar?": Partidos y candidatos demandan medida del gobierno.

Juan David Velasquez Niño

Redacción Vanguardia Digital.

Ante la medida del gobierno de una presunta crisis económica, el partido Oxigeno y a demás candidatos como Maria Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entre otros partidos y candidatos han denunciado y a demás demandado esta nueva medida del gobierno, tras verse acorralado por el rechazo de la reforma tributaria.

La controversia se origina después de que el Congreso rechaza recientemente una reforma tributaria del gobierno. Ante esa negativa legislativa, el ejecutivo ahora busca la vía de la emergencia económica como estado de excepción para establecer nuevos impuestos. "Lo que vemos es una estrategia desesperada: necesitan caja para la campaña y están dispuestos a saltarse la Constitución para conseguirla", afirma Óscar Ortíz, experto abogado constitucionalista.

Oxígeno responsabiliza al gobierno por la actual situación fiscal del país, argumentando que no se trata de circunstancias imprevistas sino del resultado de decisiones administrativas. El partido enumera una serie de errores: inflación de cálculos de ingresos, pérdida del acceso al crédito flexible del FMI, violación de la regla fiscal y superación de límites de endeudamiento público. A demás, el partido argumenta una violación a la separación de poderes.

Además, tanto el partido como los demás candidatos demandantes señalan que la Constitución exige "hechos sobrevinientes e imprevisibles" para decretar estados de excepción, condición que considera no se cumple en este caso. "El Congreso dice no. La respuesta del gobierno es arrogarse poderes que no le corresponden. Eso no es gobernar, es imponer", señala Silverio Espinosa, experto en materia económica.

Expertos aseguran que esta nueva medida del gobierno nacional en salida, es una forma de poder obtener mayores ingresos antes de las elecciones y así continuar los escándalos tales como la UNGRID, del cual se ha puesto bajo prisión dos exministros del gobierno Petro.

En el plano institucional, juristas y sectores de la oposición han cuestionado la legalidad de la declaratoria, argumentando que la falta de una reforma tributaria no constituye un hecho sobreviniente o imprevisible, como lo exige la Constitución para los estados de excepción. Esta controversia podría derivar en una revisión por parte de la Corte Constitucional, con el riesgo de que el decreto y las medidas que se adopten bajo su amparo sean anuladas.

En el ámbito político, la emergencia ha profundizado la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, reavivando el debate sobre la separación de poderes y el uso de mecanismos extraordinarios para resolver dificultades fiscales. Mientras tanto, el país permanece a la expectativa de los decretos que se expidan y de su impacto real sobre la economía y el bolsillo de los colombianos. Uno de los cambios contemplados sería aumentar el gravamen a transacciones financieras (GMF). El llamado “4x1000” podría estar pasando a “5x1000”, lo que encarecería movimientos bancarios como retiros o transferencias.