Ley de Sometimiento divide al Congreso y genera alerta en el sector judicial.

Juan David Velasquez Niño

Redacción Vanguardia Digital

El proyecto de Ley de Sometimiento impulsado por el Gobierno Nacional, como parte de la política de “Paz Total”, enfrenta fuertes críticas por los beneficios que otorgaría a estructuras criminales y las dudas sobre su aplicación constitucional.

 Cortesía: Cámara de representantes Colombia.

El Gobierno de Gustavo Petro insiste en avanzar con la Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca ofrecer beneficios judiciales a los grupos armados y estructuras criminales de alto impacto que decidan entregarse y colaborar con las autoridades. Sin embargo, la propuesta ha generado un amplio debate en el Congreso y en la opinión pública por lo que sectores de la oposición califican como un “riesgo de impunidad”.

Según el texto preliminar del proyecto, los líderes de organizaciones delictivas que se sometan a la justicia podrían recibir penas reducidas de entre seis y ocho años de prisión, además de conservar hasta un 12 % de sus bienes ilícitos, siempre que entreguen información, reparen a las víctimas y contribuyan al desmantelamiento de sus redes criminales.

Diversos juristas y expertos, entre ellos la Fundación Ideas para la Paz (FIP), han advertido que la propuesta mezcla elementos de justicia transicional y ordinaria, lo que podría generar vacíos legales y dificultades en su ejecución. A su vez, el exfiscal general Francisco Barbosa calificó el proyecto como “un regalo a los criminales”, al considerar que ofrece incentivos desproporcionados frente a los delitos cometidos.

En contraste, el Ministerio de Justicia defiende la iniciativa al afirmar que se trata de una medida pragmática para reducir la violencia y promover la entrega de grupos armados sin necesidad de negociaciones políticas. El ministro Néstor Osuna ha señalado que el proyecto garantizará verdad, reparación y no repetición para las víctimas, bajo supervisión judicial.

La Ley de Sometimiento aún debe superar varios debates en el Congreso, donde enfrenta resistencia de sectores opositores que piden archivar el texto actual. El futuro de la iniciativa será decisivo para el rumbo de la política de “Paz Total” y la legitimidad del sistema de justicia frente a las víctimas del conflicto.