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Ultimo momento: Allanamiento a residencia de Armando Benedetti por crímenes de corrupción y financiamiento ilícito.

  • Writer: Juan David Velasquez
    Juan David Velasquez
  • Nov 11
  • 2 min read

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Juan David Velasquez Niño

Redacción Vanguardia Digital



La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy el allanamiento de la residencia del ministro del Interior Armando Benedetti, situada en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), como parte de una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.


Benedetti. Creditos: Juan Diego Cano – presidencia de Colombia. Dominio público.
Benedetti. Creditos: Juan Diego Cano – presidencia de Colombia. Dominio público.


El ministro Armando Benedetti confirmó que, en la mañana de este martes, agentes del CTI de la Fiscalía, ingresaron a una de sus viviendas en Puerto Colombia bajo orden de la Corte Suprema de Justicia.

La investigación está relacionada con conductas que se le atribuyen durante su gestión como congresista, entre ellas por la entidad estatal Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), y está siendo instruida por la magistrada Cristina Lombana.

El inmueble allanado, una residencia de alto valor ubicada en una urbanización exclusiva en Puerto Colombia, fue objeto de atención porque figura en los registros de indagaciones sobre patrimonio y vínculos empresariales del ministro.

En sus redes sociales, Benedetti calificó el operativo como un “abuso de poder”, sostuvo que la magistrada carece de competencia para investigarlo —por haber concluido su periodo como congresista hace más de tres años— y anunció que recurrirá a instancias internacionales ante lo que considera una persecución.

La Corte asegura que los hechos investigados pueden ser materia de su competencia porque se refieren a su época congresional.

La reacción política y mediática no se hizo esperar: diversos sectores pidieron que el ministro explique detalladamente su situación patrimonial y valore su permanencia en el cargo.

Este episodio eleva la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo, al colocar en evidencia la supervisión sobre altos funcionarios, su patrimonio, y la integridad del ejercicio público.
 
 
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