La corrupción también dispara

Abogada Lorena Lázaro Ocampo

Magister en DDHH y DICA, Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Militar. Defensora de DDHH, columnista y analista política y militar.

En Colombia descubrimos que un helicóptero puede ser derribado sin que un solo guerrillero dispare un tiro. Basta un burócrata.

No hace falta un lanzacohetes, una emboscada o una carga explosiva; alcanza con un escritorio, un contrato mal administrado y una cadena de mando incapaz de impedir que la defensa nacional termine atrapada entre la improvisación y el abandono.

Así fue como los Mi-17 dejaron de ser el puente entre la vida y la muerte para convertirse en monumentos de aluminio a la desidia estatal.

Mientras nuestros militares cargaban morrales de cuarenta kilos atravesando selvas donde el GPS más confiable sigue siendo el sargento más antiguo, en Bogotá algunos parecían convencidos de que la mejor estrategia militar consistía en dejar los helicópteros haciendo fotosíntesis.

Porque hay plantas que florecen al sol; los Mi-17 del gobierno Petro florecieron fue en los informes de "próxima recuperación". Una especie endémica de la llamada paz total: helicópteros ecológicos, porque no contaminan... tampoco vuelan.

Y entonces apareció el contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de esas aeronaves, con un anticipo cercano al cincuenta por ciento y una investigación que hoy tiene imputado al entonces viceministro Luis Edmundo Suárez Soto por presuntas irregularidades. Treinta y dos millones de dólares. Con esa cifra cualquiera imaginaría una flota lista para despegar hasta Marte. Pero no. El único viaje exitoso fue el de la confianza de los colombianos... que salió volando mucho antes que los helicópteros.

Aquí nadie puede hacerse el turista. Gustavo Petro era el comandante supremo de las Fuerzas Militares. Ese cargo no es una medalla para posar en ceremonias ni un adorno constitucional. Si los éxitos operacionales son mérito del Gobierno, los fracasos también tienen dueño político. La cadena de mando existe precisamente para que las responsabilidades no desaparezcan cuando aparecen los escándalos. Gobernar no consiste en aparecer para las fotografías cuando aterriza un Black Hawk y desaparecer cuando un Mi-17 lleva meses convertido en una costosa escultura de metal.

Y Pedro Sánchez tampoco puede vender la idea de que el Ministerio de Defensa es una finca heredada donde el nuevo administrador solo pasa lista. Quien dirige la cartera más importante para la seguridad nacional asume el deber de recuperar la capacidad operacional y responder políticamente por su gestión. Porque si el viceministro termina respondiendo ante la justicia y el ministro solo comparece ante los micrófonos, entonces el único aparato que funcionó con absoluta precisión durante estos años fue el de las excusas oficiales.

Mientras tanto, nuestros soldados siguieron haciendo lo que mejor saben hacer: cumplir. Ellos no tienen derecho a decir que el proveedor incumplió, que el contrato se retrasó o que la culpa era del gobierno anterior. Ellos salen igual. Con lluvia, con calor, con minas, con francotiradores y, muchas veces, con menos apoyo del que la Nación tenía la obligación de garantizarles.

Y hay algo que las Fuerzas Militares y los colombianos de bien esperamos con la misma firmeza con la que exigimos seguridad: que este escándalo no termine convertido en otro capítulo de la justicia de bolsillo, donde unos pocos años de prisión se pagan con la tranquilidad de quien sabe que el botín quedó a salvo. La cárcel, por sí sola, no repara el daño cuando el dinero público desaparece y los responsables conservan fortunas construidas a costa de la seguridad nacional. Quien haya desviado recursos destinados a la defensa de Colombia no solo debe enfrentar una condena ejemplar si la justicia así lo determina; debe devolver hasta el último peso. Porque ningún corrupto debería salir de prisión con menos libertad, pero con la misma riqueza. Si el crimen resulta rentable, la condena deja de ser castigo y se convierte en un simple costo de hacer negocios. Eso sí sería una derrota para el Estado y una bofetada para los soldados que arriesgan la vida mientras otros juegan con el presupuesto de la Nación.

Colombia merece algo distinto. Merece un Ministerio de Defensa que vuelva a hablar el idioma de la estrategia y no el dialecto de la improvisación. La llegada del general Jorge Mora representa la esperanza de devolver el conocimiento operacional al centro de las decisiones y el liderazgo de Abelardo De La Espriella plantea una promesa de respaldo decidido a la Fuerza Pública, recuperación de la capacidad operacional y una política de intolerancia frente a la corrupción.

Porque la patria no necesita helicópteros exhibidos como piezas de museo ni ministros expertos en excusas. Necesita aeronaves en el aire, soldados protegidos y que todo aquel que haya saqueado los recursos destinados a la defensa responda ante la justicia y restituya hasta el último peso.

Los Mi-17 volverán a despegar; lo que Colombia no puede permitir que vuelva a levantar vuelo es la corrupción.