Noticia Económica: Presidente de Colpensiones advierte posibles embargos si las AFP no trasladan los recursos

Juan David Velasquez Niño

Redacción Noticias Económicas Vanguardia Digital

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, advirtió que se podrían activar mecanismos judiciales, como embargos, en caso de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas no cumplan con el traslado de cerca de $25 billones ordenado por el Gobierno nacional.

Esta polémica se enmarca en la implementación parcial de la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. El Gobierno argumenta que mantener los recursos en las AFP genera un desequilibrio financiero para Colpensiones, que ya asume el pago de mesadas sin el respaldo correspondiente. La medida afecta solo a los afiliados que voluntariamente se trasladaron al régimen público mediante la doble asesoría requerida, y busca garantizar la sostenibilidad del pago oportuno de pensiones.

La advertencia se produce tras la expedición del Decreto 0415 de 2026 por parte del Ministerio del Trabajo, publicado el 20 de abril, que reglamenta la transferencia de recursos correspondientes a más de 109.000 afiliados (algunas fuentes hablan de hasta 119.000 o 127.000) que se acogieron a la “ventana de oportunidad” de la reforma pensional y migraron del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones.

Dussán explicó que, de esos $25 billones, aproximadamente $5,5 billones corresponden a unos 24.800 pensionados que Colpensiones ya está pagando, pero cuyos ahorros aún permanecen en manos de los fondos privados. “Esas personas que pensionamos no han recibido los recursos de los fondos privados de pensiones, que me los deben para seguirles pagando su pensión”, señaló el funcionario en declaraciones recientes.

Según el presidente de Colpensiones, si no se cumple el decreto, “las autoridades tendrían que intervenir eventualmente con instrumentos judiciales como el embargo”. Agregó que corresponde a la Superintendencia Financiera actuar conforme a la ley: “si no se paga y los recursos están ahí, sencillamente hay que traerlo mediante un mecanismo judicial”.

Flexibilidad y plazos

El decreto establece plazos estrictos: las AFP deben trasladar el 50% de los recursos en un máximo de 20 días hábiles tras la vigencia de la norma, y el 50% restante en los 10 días siguientes. Dussán aclaró que no necesariamente se exige efectivo inmediato; se pueden recibir Títulos de Tesorería (TES) u otros instrumentos financieros. “Si no tiene los dineros, aceptamos TES, es decir, papeles”, indicó. Además, se acordó una mesa técnica con la Superintendencia Financiera para el próximo lunes, con el fin de aclarar los procedimientos.

Reacciones del sector privado

El gremio de las AFP, representado por Asofondos, ha calificado el decreto como “abiertamente ilegal” e inconsistente con la normativa vigente. Anunciaron que demandarán la medida ante el Consejo de Estado y advierten posibles impactos negativos en la liquidez, la rentabilidad de los ahorros de los cotizantes restantes y la sostenibilidad general del sistema pensional. Expertos consultados también han señalado debilidades jurídicas, especialmente porque la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) aún está bajo revisión de la Corte Constitucional y su “ventana de oportunidad” permanece suspendida en algunos aspectos.

Desde Colpensiones se defiende que el traslado es una obligación legal derivada de la Ley 100 de 1993 y del artículo 76 de la reforma: una persona no puede estar simultáneamente en dos regímenes, por lo que los recursos deben seguir al afiliado. “Es un pelo de un gato” comparado con los más de $500 billones que administran las AFP en total, ha minimizado Dussán.