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Presidente Petro solicita revisión de la fiscalía sobre mensajes en chat sobre infiltración de alias 'Calarcá'.

  • Foto del escritor: Juan David Velasquez Niño
    Juan David Velasquez Niño
  • 26 nov 2025
  • 2 min de lectura

Juan David Velasquez Niño.

Redacción Vanguardia Digital.


El presidente Gustavo Petro ordenó la realización de un examen forense a los chats que presuntamente vinculan a oficiales del Ejército y a miembros de inteligencia con alias “Calarcá”, jefe de una disidencia de las FARC.


Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros, en Bogotá. Presidencia.
Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros, en Bogotá. Presidencia.

Durante la reunión de gobierno de este martes, el presidente Gustavo Petro pidió que la Fiscalía General de la Nación se encargue de autenticar los chats divulgados recientemente y que han generado preocupación por posibles infiltraciones del crimen organizado en instituciones del Estado. El mandatario afirmó que, aunque inicialmente dudó de la veracidad del material, la información revelada por investigaciones periodísticas le genera ahora “muchas dudas” y requiere verificación técnica.


Los chats habrían sido extraídos de dispositivos incautados a la estructura de alias “Calarcá” en 2024 y mostrarían intercambios de información entre miembros de esa disidencia y oficiales del Ejército, además de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entre los señalados figura un brigadier general en servicio y un funcionario recientemente ascendido dentro de los organismos de inteligencia. Ambos han negado cualquier vinculación con grupos armados ilegales.


El Gobierno insistió en que no permitirá relaciones entre miembros del Estado y organizaciones criminales, y que la determinación de responsabilidades dependerá de los resultados del análisis forense. Mientras avanza el proceso, los señalados seguirán en sus cargos, bajo vigilancia institucional y a la espera de conclusiones oficiales.


El examen forense podría definir uno de los casos más sensibles de presunta infiltración de estructuras ilegales en organismos de seguridad del Estado. El gobierno aseguró que tomará decisiones una vez se confirme la autenticidad del material y se establezcan posibles responsabilidades.

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